La nueva ley de Educación conocida como LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) o Ley Wert en referencia al ministro de educación José Ignacio Wert, ha sido una de las polémicas de todas las realizadas.
Esta ley se aprobó en consejo de Ministros el pasado mes de mayo y el objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia, esté aprobada en otoño a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y llegue a las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
Entre las novedades destaca la instauración de evaluaciones al final de cada ciclo. No se pueden considerar reválidas como tal sino que han sido calificados de “caminos de señalización”. Estos exámenes tendrán carácter obligatorio para poder obtener el título de graduado en Secundaria Obligatoria (ESO) y de bachillerato, por lo que en este último curso desaparecerá la selectividad.
Asimismo, otro de los aspectos diferenciales es que se instaura 4º de la ESO como curso orientador en el que el alumno deberá decidir si opta por Bachillerato o FP y no como ahora que dicha elección se hace un año más tarde.
Otro de los aspectos más polémicos de la ley LOMCE es que las autonomías perderán capacidad de decisión sobre los contenidos educativos, ya que la reforma educativa aumenta la capacidad del Gobierno central para fijar hasta el 65% de los contenidos de las enseñanzas mínimas para las comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto. En la LOE de 2006, a la administración central corresponden el 55 y 65% de los contenidos curriculares, según las comunidades.
De esta forma, las asignaturas se dividirán en troncales, específicas y de libre configuración para garantizar “un núcleo básico homogéneo” de los contenidos en todas las comunidades autónomas.
Finalmente, las asignaturas de Religión y su alternativa (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) serán evaluables y su nota contará para la media del curso.
