El próximo mes de octubre el Gobierno pondrá en marcha un plan de recuperación del empleo y mejora de la protección social. El plan dará  prioridad a parados que lleven más de un año en paro, con cargas familiares, que vivan en hogares sin ingresos laborales, con baja formación y mayores de 45 años.

Esta iniciativa es producto de la entrevista que el presidente Mariano Rajoy ha mantenido a finales de Julio en el Palacio de la Moncloa con los agentes sociales.

El encuentro se ha saldado con un documento de propuestas entre las que destaca la ampliación a partir de octubre de los mecanismos de protección social ligados a políticas de empleo para parados de larga duración en situación de especial necesidad.

La propuesta prevé también la elaboración de un mapa completo de prestaciones sociales y subsidios por desempleo en todo el territorio nacional, con el fin de mejorar la coordinación y hacer un uso más eficiente de los recursos.

En cuanto al plan de empleo, el documento contiene medidas de orientación, formación, recualificación y reconocimiento de la experiencia laboral. Uno de los propósitos del plan es de ofrecer formación para que los parados puedan obtener un certificado de profesionalidad que incluya compromisos a la contratación.

Los cursos de enfocarán en las cualificaciones más demandadas, como los servicios medioambientales, los de atención a la persona y las tecnologías de la información y comunicación.

El objetivo de estas medidas, según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es acortar el tiempo de inserción laboral de los desempleados y “acompañar a las familias con todos sus miembros en paro hasta que vuelvan a trabajar“.

Los sindicatos han pedido al ejecutivo ayudas para los cabezas de familias con todos sus miembros en paro y que no reciban ingresos laborales (500.000 personas en nuestro país).

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han afirmado que un “país moderno no puede dejar en la estacada a estos colectivos” y han destacado la necesidad de estas medidas para acabar con los elevados niveles de paro de determinados colectivos con alto riesgo de exclusión social.

Sobre la mesa en la reunión no se habló solamente de paro y ayudas, sino también de formas inadecuadas de contratación. Se presentó el próximo acuerdo nacional para la negociación colectiva con un pacto en torno a la lucha contra la dualidad en la contratación laboral, a aprobar antes de que acabe el año.

Según el documento, Gobierno y agentes sociales analizarán los mecanismos más adecuados para reforzar la causalidad en la contratación, el uso inadecuado y fraudulento de los contratos temporales, la rotación y encadenamiento de este tipo de contratos y las consecuencias que tienen en la seguridad del trabajo y la formación.